Pécoras, prostitutas, rameras, peperechas, zorras, putas, damas de la noche y en los últimos tiempos “Trabajadores comerciales del sexo”(TCS), estos son algunos de los títulos que se le dan a aquellos que venden su cuerpo, y es que en el último siglo la prostitución ha trascendido la barrera del género y, lastimosamente, también de edades. Muchos han visto lo rentable de este oficio y, con el fin de sacarle el mayor provecho, han llegado al punto de reducir al carácter de mercancías sexuales a dichas personas, ignorando con ello sus derechos humanos.
Y cómo no hacerlo, si actualmente es el mercado quien impone las reglas del juego. Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se estima que el sector del sexo supone entre el 2 y el 14 por ciento del producto interior bruto (PIB) en países como Holanda donde el ejercicio de la prostitución es legal. Asimismo, los ingresos que genera son de máxima importancia para el sustento y los potenciales recursos de millones de trabajadores, además de las propias prostitutas, ya que el trabajo sexual es la única alternativa viable para muchas personas procedentes de comunidades donde faltan por completo programas que hagan frente a la creciente ola de desempleo y pobreza. Legal o no, el aporte económico de la venta de sexo no se puede ignorar.
Sin embargo, el factor económico no es lo suficientemente fuerte para argu
mentar las bondades que traería la legalización de la industria del sexo. Al contrario, el problema se agudiza.Al legalizar la prostitución los mayores beneficiarios no serían los TCS, sino los clientes y proxenetas, quienes con la legalización adquirirían el título de “empresarios del sexo”, además de la protección legal que les permitiría la libre explotación sexual de miles de hombres y mujeres. Lo que hace realidad una ecuación tentadora para algunos, desastrosa para muchos:
Explotación sexual – dignidad humana = mayores ingresos
Del mismo modo, contrario a como se supone, se estaría contribuyendo a la explotación comercial de la sexualidad infantil, ya que diversos estudios indican que muchos trabajadores del sexo inician con esta actividad antes de cumplir 17 años, y al no penalizar la prostitución se abrirían más espacio para que se de este flagelo contra la niñez.
Ante este panorama, es necesario, si bien no una ley a favor del “sector de servicios sexuales”, una verdadera regulación que garantice el respeto a los derechos humanos y laborales de quienes no tienen otra alternativa que vender su cuerpo para subsistir, además de leyes más severas contra aquellos que, aprovechando la vulnerabilidad de los niños, obligan a los menores a ser objetos sexuales. Porque que a pesar de todos los nombres que se le den los trabajadores de sexo son sobre todo seres humanos.
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